Asignación de fondos para la seguridad nacional, el Departamento de Estado y programas relacionados para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2027, y para otros fines.

Financia al Departamento de Estado y la ayuda exterior para 2027, y trae pegado un mandato nuevo de identificación con foto y prueba de ciudadanía para votar, que agregó la Cámara.

Los detalles

El Departamento de Estado y la ayuda exterior de Estados Unidos quedarían financiados hasta septiembre de 2027. Los programas diplomáticos se llevan unos 9.760 millones de dólares. Salud global recibe 3.350 millones, más otros 5.530 millones para VIH/sida. La ayuda humanitaria y para refugiados se lleva 5.000 millones. Habría un fondo nuevo, el “America First Opportunity Fund”, que podría usar hasta 1.500 millones. Y la ley cancela 1.840 millones que sobraron de años anteriores, entre ellos 1.000 millones de la ayuda internacional para desastres. El financiamiento militar para otros países suma unos 6.750 millones de dólares. A Israel le aseguran al menos 3.300 millones, que se pagan dentro de los 30 días de aprobada la ley. Egipto recibe al menos 1.300 millones, Taiwán 500 millones y Jordania 475 millones. Otros 1.800 millones van para la Estrategia Indo-Pacífico. Hay fondos aparte de 400 y 300 millones para contrarrestar la influencia china y rusa. Y al menos 175 millones se destinan a frenar el fentanilo antes de que llegue a Estados Unidos. Hay decenas de condiciones que limitan a dónde puede ir el dinero. Se prohíbe aportar al Fondo Verde para el Clima, al Acuerdo de París, a la Organización Mundial de la Salud y a la UNRWA. También le cierran la llave al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a los dos tribunales internacionales. La ayuda para planificación familiar queda topada en 461 millones. Otras condiciones prohíben gastar en programas de diversidad e inclusión, en atención de afirmación de género en el exterior, y en los mandatos de mascarilla o vacuna de la época del COVID. Y hay una disposición nueva que prohíbe usar el dinero para presionar a las redes sociales o a reguladores extranjeros para que restrinjan expresiones que en Estados Unidos serían totalmente legales. Cuando la Cámara aprobó el proyecto, le sumaron una segunda parte. Es la Ley SAVE América, y cambiaría cómo se registran y votan los estadounidenses en elecciones federales. Los estados ya no podrían registrar a nadie sin una prueba documental de ciudadanía: un pasaporte, una REAL ID que diga que es ciudadano, o una identificación con foto más un certificado de nacimiento. Si te registras por correo, tendrías que ir en persona a mostrar esa prueba antes de la fecha límite. Y en las urnas necesitarías una identificación física con foto. Si no la tienes, puedes votar de forma provisional, pero tendrías que presentarla dentro de tres días para que cuente. Los que votan por correo mandarían una copia de su identificación o los últimos cuatro números de su Seguro Social. Los militares en servicio activo en el exterior quedan exentos de todo esto.