Ley de Igualdad

Los hoteles, restaurantes y teatros no podrían negarle la entrada por su sexo. Eso incluiría su orientación sexual y su identidad de género. Hoy la ley federal no cubre el sexo en estos lugares.

La lista de lugares que deben atender a todos crecería. Se sumarían tiendas, vendedores en línea, bancos, salones de belleza, refugios, médicos, gimnasios y funerarias. Se agregarían los trenes, autobuses, taxis y aviones, y la regla también se aplicaría a los prejuicios por raza y fe.

Un programa que recibe dinero federal no podría excluirlo por su sexo. Eso incluiría su identidad de género. Hoy la regla principal para los fondos federales cubre solo la raza, el color y el país de origen.

Los arrendadores, vendedores y prestamistas de vivienda no podrían rechazarlo por su orientación sexual o su identidad de género. La Ley de Vivienda Justa ya prohíbe el prejuicio por sexo. El proyecto dice que ese prejuicio incluye estos rasgos.

A nadie se le podría impedir el uso de un baño, vestidor o probador compartido que corresponda a su identidad de género. La regla se aplicaría en lugares públicos y en el trabajo. También se aplicaría en la vivienda y en los programas pagados con dinero federal.

A nadie se le podría excluir de un jurado federal por su orientación sexual o su identidad de género. La ley ya lo prohíbe por raza, fe, sexo y algunos otros rasgos.

La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa no podría usarse para presentar ni para oponerse a un reclamo bajo estas leyes de derechos civiles. Un negocio o grupo con una objeción basada en la fe no podría usar esa ley para quedar exento.

Los jefes, los sindicatos y las agencias de empleo no podrían negarse a contratarlo, despedirlo ni pagarle menos por su orientación sexual o su identidad de género. Un fallo de la Corte Suprema de 2020 dijo algo muy parecido. El proyecto lo convierte en ley, también para los empleados federales y el personal del Congreso.

Los prestamistas no podrían negarle un préstamo, una tarjeta de crédito o un préstamo para vivienda por su orientación sexual o su identidad de género. Tampoco podrían cobrarle más por eso. El embarazo no podría tratarse peor que otros problemas de salud en ninguna parte de un préstamo.

Ya es un delito federal usar la fuerza o las amenazas para impedir que alguien compre o alquile una vivienda por rasgos como la raza o el sexo. El proyecto suma estos dos rasgos. La pena máxima de prisión es de un año, o más si alguien resulta herido.