Este proyecto se convirtió en ley el 2025-01-29 como Ley Pública No. 119-1.
El resumen a continuación describe el proyecto en la versión que revisamos por última vez; el texto promulgado puede ser distinto.
Resumen YourVoice.Now
Libertades CivilesJusticia Penal y Debido ProcesoTransparencia y Rendición de CuentasLas personas sin estatus legal acusadas de hurto ahora deben ser detenidas —no se necesita una condena— y los estados pueden demandar para exigirlo.
Libertades Civiles
Antes de este cambio, la detención obligatoria cubría principalmente a personas condenadas por delitos graves. Ahora basta con una acusación, un arresto, o una admisión, y no hay fianza mientras el caso continúa.
La ley federal establece que el Departamento de Estado debe dejar de otorgar visas a un país que se niega a recibir de vuelta a personas con orden de expulsión. Los estados ahora pueden demandar cuando eso no ocurre, y un corte de visas afectaría a los estudiantes, trabajadores y familias de ese país.
Justicia Penal y Debido Proceso
La lista completa incluye robo con allanamiento, hurto, latrocinio, hurto en tiendas, agresión a un oficial de policía, y cualquier delito que mate o lesione gravemente a alguien. Se aplica a personas que ingresaron sin permiso, que no tenían documentos de entrada válidos, o que obtuvieron un beneficio mediante fraude.
La agencia debe presentar una orden de detención (detainer), que es una solicitud para que una cárcel retenga a la persona. Si ninguna otra agencia la tiene bajo custodia, el Departamento de Seguridad Nacional debe recogerla rápidamente.
Palabras como hurto y hurto en tiendas tienen el significado que se les da en el lugar donde ocurrieron los hechos. La misma conducta puede llevar a la detención en un estado y no en otro.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Un fiscal general estatal puede demandar al Departamento de Seguridad Nacional o al Fiscal General por liberaciones, fianzas, libertad condicional, inspecciones omitidas, o el no expulsar a alguien. El estado solo necesita demostrar un daño económico superior a $100, y los tribunales deben atender el caso rápidamente.
La ley de inmigración anteriormente impedía que los tribunales cuestionaran la decisión de liberar a alguien o de otorgar fianza. Esa protección ya no existe, aunque las decisiones de mantener a alguien detenido siguen fuera del alcance judicial.
Otra parte de la ley de inmigración normalmente impide que los jueces bloqueen estas reglas para grupos enteros de personas. Ese límite no se aplica a las nuevas demandas estatales.
Más sobre este proyecto de ley
La mayoría de las personas no notará ningún cambio en su vida diaria. Para quienes viven aquí sin estatus legal, el cambio es grande. Desde el 29 de enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional debe detenerlos si se les acusa de ciertos delitos. La lista incluye hurto, hurto en tiendas, latrocinio, robo con allanamiento, y agresión a un oficial de policía. También incluye cualquier delito que mate o lesione gravemente a alguien. No se necesita una condena. Un arresto o una acusación son suficientes. Lo que cuenta como hurto o hurto en tiendas depende del estado donde ocurrieron los hechos. La ley también permite que los fiscales generales estatales demanden al gobierno federal ante los tribunales. Pueden demandar por la decisión de liberar a alguien, o de otorgar fianza o libertad condicional. También pueden demandar cuando el gobierno no detiene o no expulsa a alguien. Un estado puede presentar el caso demostrando un daño económico de más de $100. Los jueces deben dar prioridad a estos casos sobre otros en el calendario.
Resumen del Congreso
Laken Riley Act This act requires the Department of Homeland Security (DHS) to detain certain non-U.S. nationals (aliens under federal law) who have been arrested for burglary, theft, larceny, shoplifting, assault of a law enforcement officer, or any crime that results in death or serious bodily injury to another person. The act also authorizes states to sue the federal government for decisions or alleged failures related to immigration enforcement. Under this act, DHS must detain an individual who (1) is unlawfully present in the United States or did not possess the necessary documents when applying for admission; and (2) has been charged with, arrested for, convicted of, or admits to having committed acts that constitute the essential elements of the above crimes. The act also authorizes state governments to sue for injunctive relief over certain immigration-related decisions or alleged failures by the federal government if the decision or failure caused the state or its residents harm, including financial harm of more than $100. Specifically, the state government may sue the federal government over a decision to release a non-U.S. national from custody; failure to fulfill requirements relating to inspecting individuals seeking admission into the United States, including requirements related to asylum interviews; failure to fulfill a requirement to stop issuing visas to nationals of a country that unreasonably denies or delays acceptance of nationals of that country; violation of limitations on immigration parole, such as the requirement that parole be granted only on a case-by-case basis; or failure to detain an individual who has been ordered removed from the United States.
Temas Legislativos
Detalles
- Congreso
- 119th
- Cámara
- Senado
- Estado
- resumido
- Acción
- Ley Pública
- Fecha de Acción
- 2025-01-29
- Fecha Agregada
- 2026-06-23
- Fuente
- Congress.gov →
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